Problemáticas del régimen porfirista: los aspectos sociales, políticos y religiosos.

La llegada de Porfirio Díaz al poder por medio del plan de Tuxtepec (1876) anunciaba una era de paz y tranquilidad tan afanosamente anhelada por la sociedad mexicana, después de medio siglo de guerras intestinas.

Si bien Díaz llegó a la presidencia por medio de las armas, lo cierto es que su gobierno fue legitimado por el pueblo, es decir, por «la clase media compuesta de pequeños empresarios, comerciantes locales, baja burocracia y algunos periodistas»,^[1] deseoso de participar de una vida democrática.

Así, con el apoyo de la Iglesia, haciendo alianzas con los caciques, cooptando a los periodistas, sometiendo al ejército y centralizando el poder, Díaz comenzó su obra regeneradora con el propósito de mantener la cohesión del país y dar solución a los problemas inmediatos como el eterno conflicto con la Iglesia, el estancamiento en la producción minera, la precariedad de las rentas ante la poca importación y exportación, el desvío de dinero proveniente de las aduanas marítimas y fronterizas y los levantamientos de indios en la frontera con los Estados Unidos.^[2]

Sin embargo, aunque Porfirio Díaz cuidó las formas, lo cierto fue que violó la Constitución de 1857 y los postulados de Tuxtepec, sobre la separación de la Iglesia y el Estado, la no reelección, el voto efectivo y la alternancia en el poder, lo cual le permitió tener injerencia en las elecciones estatales y obtener el triunfo en las sucesivas reelecciones. Con lo anterior logró ganarse el repudio de los sectores liberales agrupados en la prensa independiente, quienes percibieron en su conducta la violación de los principios liberales anticlericales.^[3]

Finalmente, estos sectores opositores se reagruparon en torno al movimiento revolucionario abanderado por Francisco I. Madero, quien, a su triunfo en mayo de 1911, puso término al periodo político mexicano conocido como el Porfiriato.

El problema religioso: de una Iglesia beligerante a una Iglesia conciliadora

El Porfiriato (1876-1911), heredero de cruentos problemas en materia religiosa, tuvo que hacer frente a una Iglesia católica que rechazó las reformas liberales dictadas durante la primera mitad del siglo XIX. El malestar de esta institución religiosa, causado por el proceso de secularización del país llevado a cabo por el grupo liberal, tuvo serias consecuencias, sobre todo, la Iglesia rechazó la idea de someterse a la autoridad del Estado. Por esta razón, concibiéndose como la salvaguarda de una nación que en su mayoría practicaba la fe católica, influyó de manera considerable en la conciencia de los fieles, quienes protagonizaron actos de culto externo llevados al límite de los enfrentamientos con las autoridades.

En este sentido, las leyes anticlericales que se dictaron entre los años de 1824 y 1873, fueron vistas por la Iglesia como la destrucción de la religiosidad católica y de la unidad del pueblo mexicano.[4]

A partir de 1891 y gracias a la política pacificadora y de concordia que Porfirio Díaz ofreció a la Iglesia, esta definió sus espacios y recobró su autoridad bajo los lineamientos del Papa León XIII, quien, a través de un catolicismo social impulsado desde la encíclica Rerum Novarum (1891),[5] fortaleció su presencia al crear siete obispados y tres arzobispados, mientras que trató de formar un nuevo modelo de individuo católico más apegado a la moral, capaz de dar soluciones a los problemas sociales por medio de la prensa, la escuela y las organizaciones sociales.

Atendió problemas como el papel de la religión en el Estado, la función de las corporaciones, el derecho de asociación, la propiedad o la situación laboral de los trabajadores. Por si fuera poco, tuvo la libertad plena de organizar eventos religiosos públicos tan importantes como la coronación de la Virgen de Guadalupe (1895), el V Concilio mexicano (1896) y la llegada del nuncio apostólico Nicolás Averardi (1896).

La Iglesia procuró expandir su influencia en la sociedad a través de Congresos Nacionales (Puebla 1903, Morelia 1904, Guadalajara 1906 y Oaxaca 1909), Congresos Agrícolas (Tulancingo 1904 y 1905, Zamora 1906), Semanas Católicas Sociales (León 1908, Ciudad de México 1910 y 1911, Zacatecas 1912), Círculos Católicos Obreroso Dietas (México 1912, Zamora 1913) como el Círculo Católico de Michoacán (1892) y el Círculo Católico Nacional (1909) que más tarde sería el Partido Católico Nacional (1911).

También creó organizaciones obreras como Los Operarios Guadalupanos (1909), grupos católicos de auxilios mutuos, Cajas Raifeissen de ahorro, Centros de Estudios Sociales León XIII de México y Guadalajara y el Centro Ketler de la Unión Católica Obrera. Mientras que su labor periodística se evidenció con las publicaciones El Grano de Mostaza, La Democracia Cristiana, El Obrero Católico, Restauración, La Voz de México, El Tiempo y El País.[6]

La prensa independiente, heredera de un pensamiento liberal radical y virulentamente anticlerical, acusó a la institución religiosa de poner la razón a los pies del Papa Pío IX (1846-1878) quien había condenado la secularización de la nación en la Encíclica Quanta Cura y el Syllabus (1864).^[7] Acusó de igual forma a las autoridades de ser las responsables de que el clero católico, sobre todo el de las localidades, mostrara una conducta irreverente al mostrarle una ‘sobrada tolerancia’ y no una ‘prudente concordia’.[8] Criticaron, además, la actitud pasiva de los gobernadores al no reprimir como era debido, de manera oportuna y con mano fuerte, las muestras de homenaje públicas dirigidas por los “cortejos de creyentes” a los sacerdotes.[9]

Con el propósito de buscar la manera de hacer frente a una Iglesia fortalecida, se formó el Grupo Reformista y Constitucional (1895)^[10] de la mano de Daniel Cabrera de El Hijo del Ahuizote, Vicente García Torres de El Monitor Republicano y Filomeno Mata de El Diario del Hogar, el cual se encargaría de vigilar el cumplimiento de las Leyes de Reforma, propagar los principios de la Constitución de 1857 y exaltar la memoria y hechos de los liberales.^[11] Mientras que en materia política, trató de contrarrestar al Círculo Nacional Porfirista que proponía la candidatura de Díaz a la presidencia, postulando en su lugar a los candidatos independientes Luz Palafox y Gabriel Barranco Prado. Sin embargo, a pesar de que con el triunfo de Porfirio Díaz el Grupo Reformista se diluyó de la escena pública, la movilización que provocó fue por primera vez el eje central desde donde las minorías liberales inconformes elevaron un discurso político de reivindicación contra la falta de democracia política.[12]

Un segundo intento de organización anticlerical, finalmente, se dio en 1901 en el marco del Congreso Liberal celebrado en San Luis Potosí, en el que se tocaron además algunos de los problemas sociales del régimen, las reelecciones, pero más que nada la fortaleza de la Iglesia católica.[13]

Los problemas sociales del régimen

En el aspecto social, aunque los extranjeros habían ofrecido en el exterior la falsa idea de que México era un país con vastos recursos económicos y que gracias a ello gozaba de una prosperidad inigualable, las apreciaciones no retrataban el hecho de que debido a las concesiones que Díaz había otorgado a las empresas extranjeras para invertir en los ferrocarriles, en las haciendas, en las minas y en los bancos, se sacrificó el beneficio de los nacionales, sobre todo, el de las clases subalternas quienes sufrieron una serie de desigualdades sociales al no haber sido alcanzados por la distribución de la riqueza y los beneficios económicos que tanto se prodigaban.

Los indígenas, por ejemplo, enfrentaron el despojo de sus tierras por parte de las compañías deslindadoras, muchas de las cuales cayeron en manos de las haciendas donde no tuvieron otra alternativa que emplearse y donde fueron sometidos a un inhumano sistema de trabajo de sol a sol, atados ellos y sus descendientes de por vida a las tiendas de raya bajo un sueldo miserable, una mala alimentación y viviendo en condiciones insalubres.

En la misma situación se encontraban los trabajadores en las minas y las fábricas textileras, quienes mostraron su inconformidad ante situaciones como la falta de un día de descanso, recibir un salario menor al que percibía un extranjero, y absorber ellos mismos los gastos de los accidentes de trabajo. Y aunque todo ello se daba a la vista de las autoridades estatales y federales, por regla general estas se negaron a intervenir y cuando lo hicieron fue en beneficio de los empleadores y hacendados.

Quienes se atrevieron a levantarse en armas e irse a huelga para recuperar sus tierras, evidenciar los malos tratos y las precarias condiciones de vida y de trabajo a los que eran sometidos, fueron acallados duramente. Así sucedió con  los obreros de las fábricas mineras y textileras que se fueron a huelga por no haber conseguido mejores condiciones laborales, como la disparidad de salarios con respecto de sus homónimos extranjeros, la disminución de la jornada laboral, la eliminación de las tiendas de raya o que la atención médica corriera por cuenta de los dueños de las fábricas, como sucedió en la huelga minera de Cananea en Sonora, en la huelga textilera de Puebla (1906)[14] y en la huelga de la fábrica de textiles de Río Blanco, Orizaba (1907).[15]

Además de lo anterior, se registraron algunos motines como el ocurrido entre los mayas de Valladolid, Mérida (1910) quienes denunciaron el monopolio económico y político del clan de Olegario Molina y Enrique Arístegui en la industria henequenera, donde también los trabajadores de las haciendas eran sometidos a condiciones inhumanas de trabajo.[16]

Aunque la prensa gobiernista dio cuenta de que hubo pocos asesinados, la realidad fue que hubo cruentas represiones y encarcelamientos, mientras que los Yaquis y los Mayos de Sonora, que habían sido despojados de sus tierras y enviados a las haciendas henequeneras de Yucatán, fueron prácticamente exterminados.

Por lo que toca a la prensa, esta fue duramente acallada por el régimen en aras de contener lo que llamó, sus “excesos y abusos”, valiéndose de una serie de mecanismos jurídicos a través de los cuales acusó a los periodistas de “difamación, injuria, calumnias y ultrajes a la autoridad”, o bien, de “rebelión contra los poderes constitucionales”, acusaciones que rayaban en lo absurdo, ya que “bastaba solo con que un comentario o una calumnia les disgustara” para elaborar un proceso en contra de los periodistas.[17]

La política reeleccionista

Esta prensa de oposición emitió también una mordaz crítica en contra de la política reeleccionista, debido a que con ella Porfirio Díaz violentaba los postulados del Plan de Tuxtepec, es decir, el voto efectivo y la alternancia en el poder. Por esta razón, las constantes reelecciones, tanto federales como estatales, causaron un gran desánimo entre los sectores liberales seculares de todo el país, herederos del pensamiento liberal de Juárez, Ocampo y Lerdo de Tejada.

Una de estas críticas se dio ante el primer ejercicio en la vida democrática electoral federal de 1880, cuando el candidato Manuel González fue impuesto por Díaz en la presidencia ante su contrincante Manuel María de Zamacona.[18] Un triunfo que había sido pactado de antemano entre Díaz con los gobernadores de los estados, y visto como una imposición y una farsa política.[19] En realidad, no era un secreto que Porfirio Díaz designaba a los gobernadores, mientras que los opositores eran desplazados por órdenes del presidente, quien con este actuar centralizó el poder en su persona.

Descontentos similares se dieron con ocasión de las siguientes reelecciones, tanto federales como estatales, recrudeciéndose en 1900, cuando se adecuó la constitución federal para que las reelecciones se llevaran a cabo de manera indefinida y se extendiera el periodo presidencial de cuatro a seis años.[20]

La caída del régimen

En el contexto previo del levantamiento armado, se advertía la mala administración de la justicia social que había ocasionado no solo las crisis agrícolas que provocaron la miseria de los pobladores, sino por el enriquecimiento de unos cuantos a costa de la extrema pobreza de la mayoría.

Así, mientras que los campesinos perdieron sus tierras en manos de las haciendas y los obreros textileros y mineros eran sometidos a trabajos inhumanos, los inversionistas extranjeros, la burguesía latifundista-empresarial, el alto clero, los terratenientes y los hacendados, habían acaparado los puestos políticos y administrativos.

Finalmente, la entrevista que el reportero Creelman realizó a Díaz, en marzo de 1908, en la que el presidente declaró que México estaba listo para la democracia y por consiguiente para la sucesión presidencial, provocó un clima de efervescencia en una élite porfirista dividida y en una clase media más crítica del régimen que vio la posibilidad de competir por el poder en las elecciones de 1910.[21]

Sin duda, toda esta acumulación de crisis económica, social, política y religiosa, ocasionó que las insatisfacciones de los grupos inconformes y de las élites desplazadas, percibiendo régimen envejecido que trataba de impedir a toda cosa que las clases medias accedieran al poder, se unificaran en torno al proyecto de Francisco I. Madero, que prometía el retorno de la democracia, la alternancia en el poder, el voto efectivo y el respeto a las Leyes de Reforma. Así, cobijado por el Club Central Antirreeleccionista bajo el lema “Sufragio efectivo. No reelección”, triunfó el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero (1911), mientras que Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de la república y se exiliaba en París.

Referencias de las problemáticas del régimen porfirista

[1] Villegas Revueltas, Vicente, “Un acuerdo entre caciques: la elección presidencial de Manuel González (1880)”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 25, enero-junio, 2003, p. 126.

[2] Villegas, “Un acuerdo entre caciques”, pp. 127-129.

[3] Villegas, “Un acuerdo entre caciques”, pp. 135-137.

[4] Los integrantes del clero no podrían acceder a los cargos de gobierno (Constitución de 1825, art. 23º), las autoridades tendrían soberanía sobre el clero (Constitución de 1825, art. 3º) y podrían nombrar a los curas de las parroquias vacantes (Ley federal del 17 de diciembre de 1825), la supresión de la obligación civil del pago del diezmo (Ley federal del 27 de octubre de 1833) y el nombramiento de canónigos y dignidades en los cabildos eclesiásticos (Ley federal del 3 de noviembre de 1833). Además de otras disposiciones que determinaron el cierre de monasterios, la eliminación de la coacción civil sobre los votos monásticos, la clausura de la Universidad que se encontraba en manos de la Iglesia, la creación del registro civil y el matrimonio civil, la secularización de los cementerios y, finalmente, la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos (11 de enero de 1847). La propuesta del artículo 15º (Proyecto constitucional de 1856) sobre tolerancia de cultos y su sucesor, el artículo 123º (Constitución federal de 1857), por medio del cual el Estado se abrogó la facultad de emitir las leyes en materia de culto público;[4] además de otras restricciones contenidas en los artículos 3º sobre enseñanza libre, 7º sobre libertad de prensa, 9º sobre libertad de asociación. La nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas regulares, de archicofradías, congregaciones y hermandades, el registro civil, la secularización y nacionalización de cementerios (Leyes de Reforma de 1859) y la ley de tolerancia de cultos (4 de diciembre de 1860). Finalmente, las Leyes de Reforma fueron elevadas a rango constitucional (25 de septiembre de 1873). HALE, Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora 1821-1853, México, Siglo XIX, 1977, pp. 132-137. Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providencia de los supremos poderes y otras autoridades de la República mexicana, México, Imprenta de Vicente G. Torres, 1861, pp. 296-303.

[5] Ceballos Ramírez, Manuel, El catolicismo social. Un tercero en discordia. Rerum Novarum, la cuestión social y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), México, el colmex, 1991.

[6] Adame, Goddard, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos 1867-1914, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana /Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social, 1981, pp. 189-190.

[7] Bautista García, Cecilia, “Hacia la romanización de la Iglesia mexicana a fines del siglo XIX”, en Historia Mexicana, Núm. 1, julio-septiembre, 2005, pp. 99-120.

[8] El Chinaco, 4 de mayo de 1885, p. 1-4.

[9] El Diario del Hogar, 28 de junio de 1902, p. 2.

[10] El Diario del Hogar, 14 de julio de 1895, p. 1.

[11] El Abogado Cristiano Ilustrado, 15 de agosto de 1895, p. 131.

[12] Bastian, Jean-Pierre, Los disidentes: Sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, México, fce,el colmex, 1989, pp. 210-211.

[13] Guerra, François Xavier, México. Del antiguo régimen, a la Revolución, t. 2, México, fce, 1985, p. 17.

[14] El Abogado Cristiano Ilustrado, 14 de junio de 1906, p. 197.

[15] González Navarro, Moisés, “La huelga de Río Blanco”, en Historia Mexicana, v. 6, núm. 4 (24), abril-junio de 1957, pp. 526.

[16] Abogado Cristiano, 16 de junio de 1910, p. 370. Guerra, México: del antiguo régimen, pp. 262-265.

[17] Pineda Soto, Adriana, Visiones del Porfiriato. Visiones de México, México, umsnh/ui, 2004, pp. 75-76.

[18] Ponce Alcocer, María Eugenia, La elección presidencial de Manuel González 1878-1880 (Preludio de un presidencialismo), México, ui, 2000, pp. 136-138.

[19] El Grano de Arena, 14 de febrero de 1886, pp. 2-3.

[20] El Colmillo Público, 31 de enero de 1904, p. 66.

[21] Guerra, México: del antiguo régimen, pp. 235-262.

Preguntas frecuentes sobre las problemáticas del régimen porfirista

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